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Microsoft enfrenta demanda por dejar sin soporte a millones de usuarios de Windows 10 |
La reciente decisión de Microsoft de finalizar el soporte para Windows 10 ha generado una fuerte controversia, al punto de llevar a la compañía ante los tribunales. Lawrence, un usuario de California, ha interpuesto una demanda alegando que se trata de una estrategia de obsolescencia programada que perjudica a millones de usuarios en todo el mundo.
Desde el 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad y soporte técnico para Windows 10, lo que afecta directamente a más de 240 millones de dispositivos que aún utilizan este sistema operativo, según datos proporcionados en la demanda. A pesar de que Windows 11 ya está disponible, su adopción no ha sido tan sencilla ni masiva como se esperaba.
Uno de los mayores problemas que enfrentan los usuarios que quieren migrar a Windows 11 es el requisito del chip de seguridad TPM 2.0, un componente que no está presente en muchos equipos relativamente recientes. Esta barrera técnica impide la actualización de millones de ordenadores, empujando a los usuarios a tener que comprar nuevos dispositivos si desean mantenerse protegidos y actualizados.
Lawrence acusa a Microsoft de aplicar una estrategia comercial que fuerza el reemplazo de hardware aún funcional, lo cual considera una práctica anticompetitiva y perjudicial para los consumidores. Además, señala que los usuarios que sigan usando Windows 10 tras la fecha límite quedarán expuestos a ciberataques, malware y robos de datos, dado que el sistema no recibirá más parches de seguridad.
Actualmente, Windows 10 mantiene una cuota de mercado del 43%, lo que demuestra que aún es utilizado por una gran parte de la población. La demanda exige que Microsoft continúe ofreciendo soporte al sistema hasta que su presencia global se reduzca al 10%, evitando así dejar a millones de usuarios desprotegidos sin una solución realista a corto plazo.
Si la demanda avanza y se considera que Microsoft ha incurrido en una práctica injusta, podría sentar un precedente importante para la industria tecnológica en cuanto a la responsabilidad de los fabricantes con respecto a la longevidad de sus productos. Además, se abriría el debate sobre si las actualizaciones forzadas y las exigencias de hardware son éticas y sostenibles.
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